El diputado Boris España, uno de los principales aliados al oficialismo, impidió ayer en la sesión plenaria del Congreso que la iniciativa de ley del “cabildeo” regrese a comisión para un nuevo estudio.
La iniciativa que fue presentada por el diputado José Alejandro de León Maldonado de la bancada Podemos, también aliados de Vamos, contempla la creación de un registro de personas individuales y jurídicas para acceder a la discusión, planificación y monitoreo de los asuntos de la vida pública que son promovidos por los tres organismos del Estado.
En otros países como México el cabildeo se define como una práctica para influir y orientar las decisiones de los actores políticos en el terreno legislativo, gubernamental y judicial. Creando una figura denominada “cabildero”, la cual tendría la función de comunicar y llevar los intereses de determinados grupos.
El proyecto en Guatemala tenía previsto conocerse en su tercera lectura. Sin embargo, se pidió que regresara a comisión porque aún falta un análisis más profundo.
¿Quiénes serían cabilderos?
La ley busca que se aplique los profesionales dedicados a esta actividad, los representantes del sector privado dedicados a esta labor desde sus empresas, fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y las universidades. Aunque no determina el articulado, si el cabildeo puede hacerse o no con fines de lucro.
“Queremos que a través de esta ley se puede hacer más efectivo el manejo de los temas”, refirió Maldonado, al explicar que esta propuesta fortalece el acceso a la información, ya que hay temas que no son específicos con la Ley de Acceso a la Información y se podrán realizar por medio de esta nueva ley para evitar la opacidad institucional y prevenir la corrupción, se lee en el documento.
Inconstitucionalidades
El diputado del bloque Semilla, Bernardo Arévalo, solicitó que la iniciativa regrese a la Comisión de Transparencia y que sea trasladada a la Sala de Legislación y Puntos Constitucionales. “Existe una gran ambigüedad”, refirió el legislador.
Por medio de un comunicado, la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo (ATAL) indicó que la iniciativa necesita ser discutida, pues tal como está redactada puede abusar como herramienta de señalamientos subjetivos o de persecución política. Para ello, propone la discusión de siete puntos que podrían generar inconstitucionalidades.
Por aparte, la organización Congreso Eficiente indicó que la iniciativa viola el derecho de petición, el libre acceso a las dependencias públicas y el acceso a la información. “Es una cortapisa y una mordaza”.
35 artículos contemplan la iniciativa
presentada por el diputado José Alejandro de León Maldonado en 2021 y dictaminada favorablemente por él, como presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad.
Con información de El Periódico
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