El panorama económico nacional se encuentra a la expectativa de una decisión crucial por parte del Organismo Ejecutivo. El Congreso de la República oficializó el envío al despacho del presidente Bernardo Arévalo del decreto que contempla una exoneración temporal de impuestos a los derivados del petróleo, una medida diseñada con el propósito de aliviar el impacto en el bolsillo de los guatemaltecos ante las constantes fluctuaciones y alzas en los precios de los carburantes.
La normativa, tramitada de urgencia nacional tras discusiones en el hemiciclo legislativo, busca eximir temporalmente del pago de tributos a la comercialización de la gasolina superior, regular, diésel y gas oil. El planteamiento central de la disposición recae en liberar a los consumidores de cargas impositivas clave como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP), vigencia que se proyecta de manera transitoria o hasta agotar los fondos destinados para este fin.
De acuerdo con las estimaciones financieras debatidas durante la aprobación del decreto, la aplicación de esta medida generaría un impacto o sacrificio fiscal considerable para las arcas del Estado calculado en más de tres mil millones de quetzales en ingresos que dejaría de percibir la administración pública durante el tiempo que permanezca activa la exención. No obstante, los impulsores de la iniciativa defienden que el respiro económico directo para el costo de la canasta básica, el transporte y la cadena de suministro justifica la intervención estatal en el mercado de combustibles.
Con el expediente ya recibido en la Presidencia, el mandatario Bernardo Arévalo y su equipo económico analizan los escenarios legales y fiscales para decidir si sancionan, promulgan o devuelven con observaciones el documento para que proceda su publicación oficial en el Diario de Centro América. Paralelamente, el Ejecutivo evalúa también los alcances de otras normativas recientes aprobadas por el parlamento en materia de precios de referencia y subsidios, manteniendo a la ciudadanía y al sector transporte a la espera de conocer si la medida entrará en vigor en los próximos días.
Se prevé que en el transcurso de la semana el Organismo Ejecutivo pronuncie su postura oficial respecto a la viabilidad y aplicación de este decreto tributario.
