María Fernanda Bonilla, acusada del asesinato de Melissa Palacios ocurrido el 4 de julio de 2021, continúa cumpliendo condena en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, en Zacapa, bajo condiciones que han generado controversia y señalamientos de supuestos privilegios.
Bonilla fue capturada el 25 de agosto de 2021 y posteriormente condenada a cuatro años, nueve meses y 18 días de prisión por el uso ilegal de un teléfono celular en el interior del centro penitenciario. En enero de 2022, realizó una transmisión en vivo desde su celda, lo que motivó una investigación de la Fiscalía Distrital de Zacapa. Durante una requisa, se encontró un celular en su poder, mediante el cual mantenía comunicación constante con su abogado y familiares.
Según la normativa penitenciaria, el uso de dispositivos móviles está prohibido dentro de los centros de detención. Sin embargo, Bonilla no ha sido trasladada ni se han reportado más sanciones administrativas en su contra desde entonces.
Además del uso indebido de tecnología, distintas fuentes han denunciado que Bonilla permanece en un área de aislamiento identificada como “A”, alejada del resto de la población reclusa. Esta zona se ubica cerca del ingreso principal y los lockers del personal del Sistema Penitenciario (SP). Una persona que ha tenido acceso al lugar afirmó a un medio de comunicación que ha visto a otra persona cocinarle dentro de esta misma área, lo que indicaría un trato diferenciado.
También se ha señalado el ingreso de alimentos especiales para la privada de libertad, aunque estas afirmaciones no han sido oficialmente confirmadas.
Consultado al respecto, el Sistema Penitenciario explicó que Bonilla se encuentra aislada por razones de seguridad, basadas en evaluaciones de la Unidad de Análisis e Información Penitenciaria, así como en una solicitud del Ministerio Público, debido a una denuncia por extorsión y amenazas en contra de la madre de la reclusa y su familia.
“No se ha autorizado ningún beneficio para la privada de libertad María Fernanda Bonilla”, indicó el SP en un comunicado oficial. La entidad aseguró que, de comprobarse que ha recibido atención o servicios no permitidos, se iniciarán procesos de sanción contra los responsables del centro carcelario.
El caso sigue generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la opinión pública, por el aparente incumplimiento de las normas penitenciarias y los privilegios otorgados a ciertas personas privadas de libertad.
Con información de Soy502
