Autoridades sancionarán o cerrarán comercios que no acaten la orden judicial.
Múltiples denuncias llegaron de forma verbal y escrita por parte de padres de familia principalmente, quienes hicieron llegar su inconformidad a la Municipalidad de Cuilapa. “Le di Q 40.00 con un gran esfuerzo para su refrigerio y unos útiles, y ni fue a la escuela ni compró los útiles por irse a jugar máquinas”, dijo una vecina a quien llamaremos doña Julia, así como en muchos otros casos de padres de familia quejándose de un problema que se expande como virus a distintos comercios, principalmente en las tiendas de barrio.
El juez de asuntos municipales, Marcos García, en base al artículo 477 de la Constitución Política de Guatemala, acompañó a la comisión tras notificar días atrás a los comercios que tenían máquinas tragamonedas que debían retirarlas.
“Estafa o encubrimiento”.
Algunos de los encargados de estos comercios mostraron un documento con el cual los distribuidores argumentaron que tenían permisos municipales, los cuales nunca fueron ni tramitados ni autorizados por el Juzgado Municipal, por lo que podría tomarse como estafa o una forma de encubrimiento.
Hasta 5 años de cárcel.
Según el artículo 477 de la Constitución Política, que prohíbe los juegos de azar, la sanción por infringir esta disposición podría ser de Q1000 a 10,000 o bien una condena de entre 1 a 5 años de cárcel.
