El viernes 27 de septiembre, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, oficializó una histórica reforma que favorece a los servidores públicos retirados, quienes después de años sin mayores beneficios, finalmente recibirán aumentos en sus pensiones. La iniciativa fue sancionada a través del decreto número 18-2024, que establece un incremento en los pagos destinados a los jubilados y pensionados del Estado.
Según lo expresado por el presidente Arévalo, firmó las reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles con el objetivo de mejorar la calidad de vida de aquellos que dedicaron su vida al servicio público. Arévalo destacó la importancia de esta reforma, señalando que fueron necesarios 36 años para actualizar esta legislación. “Ahora retirarse será más digno y ningún pensionado recibirá menos del salario mínimo”, afirmó el mandatario.
La reforma, impulsada por el Congreso de la República y aprobada el pasado 10 de septiembre con 129 votos a favor, tiene como fin fortalecer las bases de un sistema de seguridad social más justo y sostenible. El Congreso envió la iniciativa al Ejecutivo el martes pasado, mientras el presidente Arévalo asistía a las sesiones de la ONU en Nueva York. Este viernes, finalmente, se firmó la sanción y promulgación de la nueva ley.
La nueva legislación establece que, a partir de 2025, las pensiones se incrementarán en mil quetzales. Además, si el monto total de la pensión no alcanza el salario mínimo agrícola, que actualmente es de Q.3,634.59 quetzales, las autoridades deberán realizar los ajustes presupuestarios necesarios para cumplir con lo establecido por la ley.
Esta reforma representa un avance significativo en los derechos de los jubilados guatemaltecos, brindando un alivio económico y asegurando un retiro más digno para aquellos que sirvieron al país.
